Alastria aprovecha el Real Decreto que paraliza la ID en AA. PP.
Alastria convierte en oportunidad el Real Decreto-Ley 14/2019, que paraliza el uso de la Identidad Digital (ID) blockchain para que las administraciones públicas identifiquen a los ciudadanos. Esta prohibición es temporal hasta que “los sistemas de identificación basados en tecnologías de registro distribuido y los sistemas de firma basados en los anteriores, sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del Derecho de la Unión Europea”, puntualiza el RD-Ley 14/2019. María Parga, presidenta de Alastria, aboga por redoblar el esfuerzo que los expertos españoles realizan en la materia para que la ID española se la base de la europea. Con esa carta de presentación, la ID de Alastria sería el modelo de la regulación prometida.
Sandbox de ID
La presidenta de Alastria habló de reunir a los expertos españoles en ID en una especie de Sandbox, en el debate sobre la identidad digital en el sector público, recién organizado por BAES, la Universidad de Murcia, la Universidad de Zaragoza, Idertec y Adestar, en el Consejo General de la Abogacía Española. En el mismo debate, se recordó que la reforma de los contenidos del Real Decreto Ley 14/2019 ha sido anunciada con ocasión del reciente acuerdo de investidura entre PSOE y PNV.
Alastria promovió la creación de un grupo de expertos en 2018, para desarrollar la ID soberana blockchain que pudiera ser utilizada por sus asociados. “90 expertos empezaron a trabajar en ello, y desarrollamos un prototipo que ha sido un referente internacional. Fue considerado como algo increíblemente bueno, cuando lo presentamos en Europa”, recordó María Parga.
Un trabajo de tal calidad ha situado a los expertos españoles “en primera línea mundial. Están en los organismos internacionales para el desarrollo y la normalización de la ID soberana. Ahora les pido aumentar la intensidad de su trabajo para formar un grupo que ahonde en el desarrollo de la ID de Alastria, y la prueben con proyectos reales. Debemos trabajar para que se adopte en Europa. Así la podremos servir al Gobierno cuando la normalice, tal y como ha prometido en el RD-Ley. Ser proactivos”, resumió María Parga.
La propuesta de la presidenta de Alastria permitiría “probar los sistemas de identificación basados en tecnología de registro distribuido, para controlar los efectos jurídicos de las diferentes iniciativas que puedan desarrollarse por las Administraciones sin necesidad de prohibirlas. Este trabajo fomentaría la innovación empresarial en nuestro país para situarlo a la vanguardia tecnológica de la transformación digital del sector público”, explicó Miguel Ángel Bernal, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, y uno de los ponentes del debate.
Europa
La ID de Alastria ha sido la base de la que está desarrollando el proyecto European Blockchain Services Infraestructure (EBSI), abordado por la Comisión Europea y 30 países para derribar las fronteras de las administraciones públicas europeas. Una de las ventajas de la ID soberana de Alastria es su escalabilidad, puede ser utilizada en toda la Unión Europea. Al contrario, la desarrollada por Estonia no es escalable. La diferencia ha sido reconocida por la International Telecommunication Union (ITU), en el plenario mundial de estandarización Blockchain, celebrada el pasado mes de abril en Madrid. “Si en seis meses tenemos un modelo de ID relevante español adoptado por EBSI, podemos convencer a los políticos españoles para que sea la norma. Debemos apretar desde todos los frentes, el académico, la sociedad civil, la industria y Alastria”, puntualizó María Parga.
Grandes proyectos de blockchain desarrollados en España utilizan la ID de Alastria. Son proyectos privados y públicos, pero solo estos últimos están paralizados por el RD-Ley 14/2019, algo absurdo. El RD-Ley se diseñó contra “la república digital catalana”, según dijo el mismo Pedro Sánchez en su anuncio. Nacho Alamillo enfatizó la necesidad de que el real RD no paralice los proyectos actuales que se apoyan en Alastria ID. Los expertos presentes se manifestaron en bloque a favor de acelerar los proyectos en marcha para que se pueda revisar la regulación basándose en la experiencia real de dichos proyectos.
Inconstitucional
El profesor Miguel Ángel Bernal criticó el RD-Ley porque genera dudas de todo tipo. “Unas son de orden constitucional, tanto formales como materiales. Otras son relativas a la determinación de su alcance objetivo”, desgranó. Añadió que uno de los riesgos que pueden generar esas dudas es el de “la fragmentación de los casos de uso”. Diferencia los usos del “sector público de los del sector privado. Estos últimos no tienen limitaciones ni condicionantes. Sin embargo, no hay atributos de identidad para la Administración diferentes de los que se pueden usar con entidades privadas”, remachó.
“No veo salvable casi nada del RD-Ley 14/2019 a la luz de la Constitución. Máxime, cuando las administraciones autonómicas tienen competencia en la materia, según sentencia judicial”, añadió Ignacio Alamillo, asesor jurídico del proyecto EBSI de la Comisión Europea, y colaborador de IDerTec. “El problema principal es entender la prohibición. Existen múltiples sistemas de uso basado en blockchain ¿a que se refiere con la identificación basado en tecnología de registro distribuido?”, apostilló.
Alamillo hizo hincapié en la autoridad intermedia impuesta por el RD-Ley para supervisar la ID basada en blockchain. “Genera dudas. EBSI no tiene una tarea para hablar de autoridad intermedia”, es algo contra natura en la filosofía descentralizadora propia de la tecnología de bloques. “En otros países de la Unión Europea se ha abierto una discusión al respecto, se preguntan sobre cómo puede afectar al proyecto”, contó Alamillo.
El debate estuvo cuajado de expertos en ID, entre ponentes y público. Todos aplaudieron la propuesta de María Parga. Se mostraron dispuestos a pisar el acelerador para hacer una ID soberana intachable, que sea el modelo de la regulación prometida. Por otra parte, los organismos europeos de normalización trabajan en la ID soberana que dará el pleno poder de los datos a los ciudadanos. Y eso es incontestable.
