El proyecto de Ley de Medidas para la Transformación Digital del Sistema Financiero no sale en esta legislatura.
Hoy va a Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Medidas para la Transformación Digital del Sistema Financiero, tras varios meses de retrasos. Dentro va la creación del Sandbox regulatorio, el espacio controlado de pruebas para las start ups del sistema financiero, también las de blockchain. Las próximas elecciones del 28 de abril, imposibilitan su aprobación, a no ser que se tramitara como Real Decreto. Presidencia del Gobierno informa que se tramita “como ante Proyecto de Ley”. En este caso, la tramitación parlamentaria ordinaria dura una media de cinco meses. Los grupos parlamentarios de la oposición no entienden el retraso, y la industria cruza los dedos para que se apruebe de una vez. ¿Qué sucede con el Sandbox?
El gobierno del Partido Popular inició el trámite de la normativa hace un par de años, cuando solo existía el Sandbox británico en la Unión Europea, ahora lo tienen cuatro países más. “No entiendo que no se haya aprobado todavía. El Sandbox es estratégico para la industria, para atraer a empresas del sector financiero a España. Tenían urgencia para que se aprobara en 2018. Lo dejamos listo en junio. El PSOE abrió después el periodo de consultas, se podía haber aprobado en el año. Creo que el retraso ha sido mera desidia”, dice Ana Alós López, portavoz de Agenda Digital del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
Segundo González, portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso da un paso más. “No tiene posibilidades de ser aprobado porque la legislatura termina el cinco de marzo. Plantearlo ahora es un brindis al sol del gobierno. Solo podría salir adelante como Real Decreto, y entonces se aprobaría por mayoría simple. Podría salir en 30 días”.
Aunque ambos partidos políticos abogan por apoyar una norma favorable a las start ups y a la transformación digital del sistema financiero, se tientan la ropa antes de dar el sí incondicional al nuevo proyecto de Ley. “Debemos leer como ha quedado tras la consulta pública, antes de opinar”, aseguran ambos. De cualquier forma, el PSOE ha dado luz verde a un proyecto iniciado por el PP, que seguirá adelante en la próxima legislatura. Cabe esperar que ni el PSOE ni el PP pongan obstáculos a su aprobación final, gobierne quien gobierne.
No a la urgencia del Real Decreto
La industria prefiere que el proyecto siga su curso ordinario. “Queremos que avance urgentemente, pero de forma eficiente. Debería salir antes del verano. Si se aprueba como Real Decreto para estar antes, se podría anular por la oposición de otros grupos parlamentarios, como ha sucedido con el Real Decreto de los alquileres. El trabajo de un par de años quedaría en nada”, recuerda Rodrigo García de la Cruz, Presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech.
La ministra Calviño anunció el pasado mes de octubre que el Sandbox se aprobaría en 2018. ¿Ha habido alguna mano negra en el retraso? “Creo que lo han retrasado porque han puesto otras prioridades sobre la mesa. No se me ocurre a quien puede interesar su retraso. Toda la industria lo quiere, hemos hablado con todos los bancos, y todos están interesados en que salga el Sandbox, les beneficia”, asegura Rodrigo García de la Cruz.
Hay muchas iniciativas financieras innovadoras que no se pueden poner en marcha dentro de los bancos porque chocan con sus departamentos internos de cumplimiento normativo y jurídico. “Para superar este problema en otros países, los bancos van de la mano de las start ups. Son start ups con el sello de la entidad financiera, pero tienen más libertad para probar sus desarrollos. El Sandbox es el espacio de colaboración para que las start ups más innovadoras y la banca más tradicional vayan de la mano para desarrollar cosas”, añade Rodrigo García de la Cruz.
Los cinco meses del trámite parlamentario
El trámite ordinario de un proyecto de ley, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, es ir al Congreso de los Diputados. Allí se publica en el Boletín Oficial de las Cortes, y se envía a la comisión correspondiente. Los grupos parlamentarios tienen 15 días para presentar enmiendas, salvo aplazamientos a petición de algún grupo. Después pasa un debate de totalidad en pleno del Congreso, y si lo supera pasa a trámite de Ponencia, es un grupo reducido de diputados de todos los grupos parlamentarios. Éste redacta un informe con el texto del Gobierno y las enmiendas, si las hubo, en 15 días. El informe pasa a Comisión para su debate y votación, y de ahí al Pleno.
Del Congreso se envía al Senado, que tiene dos meses para tramitarlo. El Senado puede aceptar el texto, enmendarlo o vetarlo. De cualquier forma vuelve al Congreso, que es quien tiene la última palabra. El conjunto de trámites dura un promedio de cinco meses.
