Tremendamente ambicioso y sin partida presupuestaria
España ya tiene Sandbox, nace con luces y sombras. El Senado acaba de aprobar por unanimidad y sin enmiendas el proyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero. La nueva regulación incluye el Sandbox para probar soluciones avanzadas de tecnología para el sistema financiero, algo esperado desde hace más de dos años. La mala noticia es que España queda en el 28 puesto de la lista mundial de países con Sandbox, debido al retraso. “Estamos contentos de que por fin haya llegado. Preocupados porque llega en medio de una recesión económica que frenará la financiación a los proyectos aprobados, o provocará el cierre de alguna empresa en medio del proceso”, explica Esther del Brio, portavoz de la Comisión de Economía y Transformación Digital del PP en el Senado, y catedrática de Economía Financiera en la Universidad de Salamanca. La segunda gran sombra del Sandbox español es que apenas tendrá restricciones a la entrada de proyectos, y nace sin partida presupuestaria.
Los temores
Fuentes de los reguladores españoles expresan su temor para sacar adelante los proyectos que lleguen al Sandbox, sin una estructura adecuada. Los técnicos esperan más de 50 proyectos en la primera oleada del Sandbox español, y se preguntan sobre la forma de atenderlos. La media de otros países fue de tres a cuatro proyectos, y se superaron los diez proyectos en el Sandbox británico que sí tenía dotación propia. Por otro lado, la regulación es tremendamente ambiciosa, apenas pone cortapisas a la entrada de proyectos, eso multiplicará el trabajo de sacarlos adelante. No es el único problema, la ley carece de memoria económica específica para contratar a los expertos necesarios.
“La herramienta es buena, si tuviera partida presupuestaria acorde a su ambición. Las restricciones de acceso al Sandbox español son muy genéricas. Otros Sandbox piden a los proyectos que especifiquen las barreras regulatorias para llegar al mercado. En el español puede entrar casi cualquier proyecto, y también de países ajenos a la eurozona. Solo se piden criterios de base tecnológica, su aportación al sistema financiero y su grado de madurez”, indican fuentes cercanas a los reguladores. Con estos mimbres, el sandbox español podría llegar a ser una especie de consultora para el rodaje de proyectos extranjeros antes de entrar en el mercado europeo.
Los técnicos de los reguladores han expresado en repetidas ocasiones la necesidad de dotar presupuestariamente el Sandbox. En el Sandbox británico hay tres expertos supervisando cada proyecto, contaban hace más de un año en un encuentro celebrado en CECA. “En los proyectos debe haber gente para recibirlos, tanto en la administración como en los supervisores. Deberán gestionar los expedientes, y ver las implicaciones legales, técnicas y económicas de cada proyecto. Hace falta mucha gente y dinero”, afirma Luis Garvía, director del máster de Riesgos Financieros de ICADE Business School.
La estructura
El Sandbox dependerá del Ministerio de Asuntos Económicos, y la Dirección General del Tesoro será su ventanilla única. A partir de ahí, el proyecto irá a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), el Banco de España o la Dirección General del Seguro, según la especialidad que trate. Además, en el estudio del proyecto podría participar otras autoridades, como la relativa a la protección de datos, por ejemplo, si se tratara ese tema. Por último, habrá una comisión de coordinación para poner en común los resultados.
Senado unánime
La premura por aprobar el Sandbox ha presionado para desestimar la única enmienda presentada. Era de Ezquerra Republicana, y relativa a una posible incompatibilidad de la regulación con el sistema de patentes. Incluso Ezquerra ha votado a favor de la regulación. “Todos hemos entendido la necesidad de sacarlo ya. Si hace falta mejorar alguna cosa, podremos hacerlo en el desarrollo legislativo. No solo las start ups están pendientes del Sandbox. Hay grandes bancos que han ido desarrollando departamentos específicos, y lo necesitan para sacar proyectos adelante”, añade Esther del Brio. La ley irá directamente al BOE (Boletín Oficial del Estado) tras tramitarla por el Congreso. La puedes consultar AQUÍ.
