Entrevista a Javier W. Ibáñez Jiménez, director del Observatorio FinTech y de la Cátedra Garrigues de Derecho (Universidad Pontificia Comillas). Cofundador de Alastria. Un sabio amante de la docencia, la investigación (una decena de libros), la innovación y la vida. Cuando pone los pies en la tierra, lucha por defender la verdad. Cum laude en sus dos doctorados de la Universidad Comillas.
PREGUNTA: Usted preside el Consejo de la revista Alastria Legal, nacida ayer. ¿Por qué ha realizado Alastria esta revista, a los dos años de su creación?
RESPUESTA: La revista es una iniciativa de Alastria para testimoniar el trabajo realizada para encajar la regulación con la tecnología Blockchain. Trabajamos para difundir y asentar la tecnología de registro distribuido, dentro y fuera de España. Para propiciar la construcción de redes permisionadas de propósito general, y para consoliden estándares internacionales. El legislador, los supervisores y otros organismos públicos podrán apoyarse en los estándares para encauzar la regulación, y dar seguridad a las transacciones realizadas sobre estas redes.
P: ¿Cuáles son los temas jurídicos más candentes?
R: La contratación digital, los mercados de tokens, la identidad soberana o la gobernanza de redes. Los servicios jurídicos y los asesores legales de los socios de Alastria afrontan problemas de estos temas. Las administraciones y las empresas deberán tratarlos, según evolucione el uso de Blockchain. Cristina Martínez Laburta (chief Legal Officer de Alastria) ha trabajado duramente conmigo para recogerlos en la revista.
P: ¿Qué importancia tiene el derecho en la tecnología blockchain?
R: Toda. La tecnología blockchain necesita regulación. En mi libro de Derecho de Blockchain, expongo esta necesidad para entornos públicos y privados. El blanqueo de capitales, o la financiación del terrorismo son los temas más candentes en blockchains públicas no permisionadas, como Bitcoin.
La solución es trabajar con redes permisionadas. Alastria es un ejemplo, una red permisionada de propósito general y uso universal, diseñada para utilizar la tecnología blockchain dentro de la legalidad. Tiene nodos autorizados. El Estado puede estar presente a través de las administraciones locales, autonómicas o nacionales, como el Banco de España. Las redes permisionadas funcionan perfectamente. Los registradores de la propiedad, los notarios y los jueces lo están comprobando en Alastria.
Resolver problemas
P: ¿Está preparada la tecnología blockchain para resolver problemas legales?
R: Si. Yo examino las relaciones entre las redes permisionadas y el derecho. Hay problemas de derecho administrativo que puede resolver esta tecnología. Un ejemplo. Reducir la corrupción en las subastas públicas para no adjudicar contratos con prevaricación. Lo hizo Miguel Ángel Bernal, como director general de Patrimonio del Gobierno de Aragón.
Blockchain es un medio de prueba, válido en el derecho procesal. Nadie puede decir que algo subido a una blockchain esta manipulado. Eso puede servir para demostrar un accidente con unas fotos subidas a la blockchain de la aseguradora. Hay muchas APPs para ese fin sobre las redes DLT.
Privacidad de datos
P: ¿Qué sucede con los problemas de privacidad de datos?
R: Hay problemas de los derechos fundamentales en las blockchain públicas, como el de la privacidad de datos. El comité legal de Alastria está demostrando que una blockchain permisionada no es incompatible con GDPR (regulación de protección de datos). Los nodos no miran, ni manipulan las transacciones. Los datos los mira quien debe mirarlos, y con las autorizaciones correspondientes. Es un entorno más controlado que el de las blockchains públicas no permisionadas.
Algún big data, o algún GAFA podría correlacionar indirectamente que yo estoy detrás de un hash (algoritmo de la fecha de subida de un dato a blockchain), para enviarme publicidad. Eso tiene su tecnología para evitarlo. Los datos se pueden pseudonimizar. Se puede hacer una múltiple encriptación de hashes. Hay varias formas de engañar a las máquinas, para que no detecten quien está detrás de un hash.
Gobernanza
P: ¿Quién responde de los daños causados por el fallo de una red blockchain?
R: La responsabilidad civil de las redes se discute en foros europeos especializados. Acabo de publicar el libro Consorcio Red Alastria (editorial Reus), trata sobre la forma legal idónea del consorcio, y de su gobernanza. Debe estar consensuada por los agentes económicos y sociales que participen.
Alastria es un consorcio colaborativo sin ánimo de lucro. Tiene la figura asociación. En ella conviven empresas de todos los tamaños en igualdad. Cada empresa tiene un voto, independientemente de su tamaño y su aportación económica. Para hacer proyectos concretos se puedan crear otras entidades que tengan relación con Alastria. Estamos evaluando el tipo de relación que vamos a tener para hacer un proyecto COVID, dependerá del grado de colaboración de cada uno.
P: ¿Qué regulación se debe cambiar para que la tecnología blockchain funcione a pleno rendimiento?
R: Hay dos soluciones. Una es adaptar las redes blockchain a las diferentes regulaciones de donde operen (países, regiones o sectores) Donde no sea posible, se podrá proponer una modificación de las regulaciones, o utilizar otras tecnologías.
La otra solución es aprobar una regulación específica para los distintos aspectos de blockchain. Aquí hay varios caminos. Un ejemplo. Habrá que cambiar la regulación financiera para utilizar los tokens. O se puede hacer un mercado solo para los tokens en blockchain, con una regulación específica. Alastria propone muchos planos regulatorios en distintas áreas.
Los estándares
P: ¿En qué punto está?
R: Todos los reguladores del mundo dependen de los estándares para responder la tecnología blockchain. Es una tecnología nueva y hay que hacer los estándares. Es importante impulsar los estándares internacionales, y España juega un papel importante en ello. Alastria, a través de UNE (organismo español de normalización) participa habitualmente en los procesos europeos y mundiales de estandarización.
P: ¿Que están haciendo?
R: Yo propuse (2019, Ginebra) el reconocimiento del término estándar Legal Smart Contract, para realizar contratos con una finalidad jurídica con la regulación establecida. Este, y otros términos propuestos por Alastria han sido aceptados por ITU (International Telecommunication Union, el regulador mundial de las telecomunicaciones).
Nacho Alamillo, CEO de Astrea, ha impulsado el marco regulatorio de Identidad Digital (ID) de ISO (International Organization for Standardization, marca los estándares mundiales). Alamillo coordina un grupo de trabajo para hacer un modelo legal de referencia, compatible con el modelo de eIDAS (sistema europeo de reconocimiento de identidades electrónicas), y con CEN-CENELEC (organismos europeos de normalización electrotécnica).
