Para asegurar la contratación de trabajadores homologados de 25.000 PYMES españolas
El proyecto de realizar la blockchain de los instaladores autónomos y los empleados en las empresas de instalación es tan faraónico como necesario, y uno de los gigantes españoles de servicios se ha lanzado a ello. El sector está formado por unos 25.000 autónomos y empresas (pymes de dos a 200 empleados) con lo que habría, al menos, 400.000 instaladores en España, de más de un centenar de especialidades distintas. Por si fuera poco, las regulaciones de los instaladores deben acogerse a las directivas europeas, y suelen cambiar cada cinco años para ser adaptadas a nuevos requerimientos medioambientales. Urge organizarlo, para evitar instaladores con papeles caducados, con lo que no correrían los seguros, en caso de accidentes.
El proyecto trata de organizar tan ingente cantidad de papeleo, y mantenerlo actualizado con una blockchain. Se trataría de incluir a los instaladores que trabajan habitualmente con las empresas, para tener al día todos los permisos y titulaciones requeridos. No es fácil. Los instaladores deben ser cualificados, estar homologados, y tener el seguro adecuado. El promotor del proyecto quiere arrastrar a otras firmas de energía y de telecomunicaciones para compartir esta blockchain de los instaladores.
Regulación europea
En la cúspide de la normativa están las directivas europeas. Regulan las instalaciones térmicas, eléctricas, de refrigeración, de protección contra incendios, de ascensores, domóticas y de fontanería. Cada especialidad se abre en un enorme abanico. Por ejemplo, las instalaciones térmicas de los edificios abarcan la calefacción, el aire acondicionado, el agua caliente sanitaria y la fuente de energía (gas, la biomasa, la geotermia o la aerotermia) Cada una necesita un instalador diferente, que tiene permisos distintos según la potencia de los equipos, por ejemplo.
Los títulos de formación requeridos difieren en función del tipo de equipos utilizados en los edificios según su uso, sea residencial, comercial, industrial o público. La diferencia de los equipos no se limita solo a la potencia y al tamaño. No es lo mismo un equipo de refrigeración comercial en un hipermercado que en un hospital para material clínico, por ejemplo. «Un equipo de refrigeración con CO2 difiere de otro que funcione con amoniaco, y la formación de los técnicos debe ser la adecuada en función del gas que lleve el equipo. Es uno de los miles de ejemplos, todos muy técnicos», explica Blanca Gómez, directora de la Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores (CNI), que acoge a 10.000 empresas, solo una parte del sector.
La normativa regula y detalla la formación de los instaladores, que puede ir de un curso de 500 horas, a la simple experiencia. Las directivas se transponen a cada país. En España se acompleja porque las Comunidades autónomas han adaptado y variado las regulaciones, y aunque eso va en contra de la Ley de garantía de libertad de mercado, las autoridades autonómicas terminan imponiendo sus variaciones.
Existe un Registro integrado industrial, con los profesionales dados de alta y que han llevado sus papeles de cumplimiento a la autoridad de la comunidad autónoma correspondiente. No siempre se vuelcan todos los papeles en el registro. Tampoco se garantiza la actualización del comprobante del pago de los seguros, por ejemplo. Las asociaciones provinciales también tienen inscritos a los instaladores, no están todos.
Los instaladores deben acreditar, y tener al día su formación o experiencia profesional, haber pagado el seguro de responsabilidad civil, recibir formación en prevención de riesgos laborales, etc. La regulación obliga a determinadas empresas de instalación a tener contratado un ingeniero. Quienes retiran determinados equipos, como los de aire acondicionado, deben estar dados de alta como pequeño productor de residuos. La lista es enorme.
“Cada tipo de equipo requiere una manipulación específica, y un carnet específico. Los equipos de aire acondicionado, por ejemplo, tienen gases fluorados, contaminantes. Es muy complejo. La regulación detalla desde la formación de los instaladores de cada tipo de equipo hasta su deshecho, y cambia en función de las directivas. Por aquí han pasado responsables de las grandes empresas, para informarse de los carnets que debe tener cada instalador”, aclara Blanca Gómez.
La solución sería una blockchain que garantice la información sobre el cumplimiento de la normativa por parte de los instaladores, el pago de los seguros y la renovación de los carnets de manipulación de los empleados. La blockchain también podría realizar la gestión documental automática con Smart Contract. La blockchain de los instaladores está en marcha. Sería la segunda española de estas dimensiones, tras la que prepara Eurogestión para el transporte ferroviario español, que estará lista en este año.
